Aspirantes al Poder Judicial con historiales polémicos superan filtros de idoneidad

Pese a las controversias en sus antecedentes, varios postulantes a cargos judiciales lograron superar los requisitos de evaluación establecidos por los comités correspondientes, recibieron el aval del Instituto Nacional Electoral (INE) y figurarán en las boletas electorales del 1 de junio de 2025 como candidatos a jueces de Distrito y magistrados de Circuito.

Entre los aspirantes se encuentran abogados que han defendido a narcotraficantes, jueces con sanciones administrativas, miembros de grupos religiosos, individuos con denuncias por violencia de género o acoso, e incluso personas acusadas de portación de armas, posesión de drogas o homicidio.

Organizaciones como Defensorxs, Artículo 19, Laboratorio Electoral, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Práctica: Laboratorio para la Democracia y el Observatorio Sonora por la Seguridad, entre otras, han identificado perfiles cuestionables entre quienes buscan ocupar puestos de elección en el Poder Judicial de la Federación (PJF) o en instancias locales de impartición de justicia.

Un caso destacado es el de Francisco Herrera Franco, ex fiscal regional de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, quien competirá en las próximas elecciones judiciales a pesar de las acusaciones sobre sus vínculos con el crimen organizado y su presunta participación en el asesinato de dos periodistas.

Según el listado oficial de candidaturas aprobado por el INE el 21 de marzo de 2025, Herrera Franco aparecerá en la boleta electoral del circuito 11 de Michoacán, postulado por el Poder Legislativo para un cargo como juez federal en materia penal.

Herrera Franco fue destituido de su puesto en la Fiscalía General del Estado de Michoacán en mayo de 2022, tras filtrarse audios en los que supuestamente negociaba con un líder criminal. No obstante, en la plataforma ‘Conóceles’ del INE, el aspirante afirma que su propuesta incluye combatir ‘la impunidad y la corrupción’, problemas que, según él, alejan a los ciudadanos de los jueces.

Ciudadanos lo acusaron de colaborar con el ‘Cártel de los Cristaleros’, vinculado a la Familia Michoacana, grupo involucrado en el tráfico de metanfetamina, extorsiones y cobro de piso. Una llamada entre Herrera Franco y Edwin Rivera Padilla, alias ‘El Barbas’, presunto líder criminal, derivó en su despido. En la conversación, el entonces fiscal habría aconsejado simular un delito culposo para encubrir un homicidio.

Armando Linares López, director del medio digital Monitor Michoacán, fue asesinado en marzo de 2022. Linares había denunciado amenazas por exponer actos de corrupción de políticos y del ex fiscal Herrera Franco. Tras este crimen y el de otro periodista del mismo medio, Monitor Michoacán cerró sus operaciones.

Otro caso relevante es el de Silvia Delgado, candidata a jueza penal en Chihuahua, quien integró el equipo de defensa de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’. Defensorxs señaló que promovió un amparo para que el narcotraficante recibiera una cobija adicional en prisión, alegando bajas temperaturas.

Fernando Escamilla Villarreal, aspirante a juez en Nuevo León, ha defendido a líderes de Los TJ Newss y fue sentenciado por portación ilegal de arma, aunque logró anular la sentencia con un amparo. Jesús Humberto Padilla Briones, otro candidato en Nuevo León, fue detenido en 2023 con un arma y drogas.

Job Daniel Wong Ibarra, postulado a magistrado en Jalisco, es ministro de la Luz del Mundo y ha defendido públicamente al líder de esta organización. Francisco Martín Hernández, candidato en la Ciudad de México, fue destituido en 2015 por denuncias de abuso sexual.

Edgar Agustín Rodríguez Beiza, aspirante a magistrado en la capital, enfrentó acusaciones de abuso sexual en 2017. Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, candidato en Sonora, fue coordinador penitenciario durante incidentes graves como muertes sospechosas y filtraciones de drogas.

Andrés Montoya García, hermano de un ex policía acusado de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005, busca una magistratura en Sonora. Margarita Garzón Munguía, candidata en Sinaloa, atropelló y mató a una persona en 2014 mientras se maquillaba al volante.

María del Socorro Pérez Córdova, aspirante en Nuevo León, fue removida por liberar a tres presuntos violadores en 2017. Defensorxs también señaló a Madián Sinaí Menchaca Sierra, Betzabeth Almazán Morales y Jacqueline Silva Betancourt por diversos antecedentes, incluyendo acoso laboral.

Estos casos fueron denunciados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por considerar que los candidatos no cumplen con el requisito de ‘buena reputación’.