Denuncian uso de recursos públicos para influir en elecciones de Baja California Sur
Se han detectado presuntas irregularidades en el proceso electoral para la selección del Poder Judicial del 1 de junio de 2025, vinculadas a la Delegación de Programas para el Bienestar en Baja California Sur, donde se estarían utilizando datos de beneficiarios y personal gubernamental para favorecer a ciertos candidatos.
Según información proporcionada por tres empleados federales, estos habrían sido presionados para realizar hasta 100 llamadas diarias con el objetivo de influir en el voto a favor de candidatos alineados con la llamada Cuarta Transformación (4T).
Documentos compartidos con TJ News incluyen conversaciones, números telefónicos, fotografías y listados de beneficiarios que evidenciarían esta operación.
“Lo más grave es que están utilizando las instalaciones de la Delegación de Bienestar para llevar a cabo este supuesto fraude electoral”, señalaron los denunciantes.
Entre los mensajes filtrados se encuentran instrucciones específicas para equipos de trabajo, con horarios y lugares de reunión dentro de las oficinas gubernamentales.
Se identificó a dos coordinadoras principales de esta operación: Gricel Alborada Ortega y Wendy Elizabeth González, quienes manejarían un grupo de WhatsApp denominado “Promotores” con el logo oficial de Bienestar.
La lista de participantes incluye funcionarios de diversas dependencias, incluso algunos vinculados al Instituto Nacional Electoral (INE), quienes estarían realizando estas actividades durante su horario laboral.
Los trabajadores deben enviar pruebas fotográficas de sus actividades y reportar diariamente el número de llamadas realizadas, las respuestas obtenidas y las zonas cubiertas.
Además de las llamadas, se estaría realizando trabajo de campo visitando domicilios particulares de beneficiarios de programas sociales.
Expertos señalan que estas acciones podrían configurar varios delitos:
1. Uso indebido de recursos públicos (Peculado): 2 a 14 años de prisión
2. Delitos electorales: 2 a 9 años de prisión por influir en el electorado u obligar a funcionarios a participar
3. Violación a la protección de datos personales: 3 meses a 3 años de prisión
4. Posible asociación delictuosa: 2 a 6 años de prisión
También se mencionan posibles violaciones a los principios de equidad en la contienda electoral y coacción del voto.
