Especialista alerta sobre riesgos constitucionales en propuesta de reforma a la Ley de Amparo
La iniciativa de reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum genera inquietud por posibles restricciones a derechos fundamentales y al acceso a la justicia. TJ NEWS.- El pasado 13 de septiembre, la mandataria firmó una propuesta para modificar la Ley de Amparo, que incluye ajustes menores al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta iniciativa fue remitida al Senado el 15 del mismo mes, abordando un tema de crucial importancia dado que el juicio de amparo constituye el mecanismo principal de defensa de los derechos humanos y de control constitucional en México.
La propuesta contiene aspectos valorados positivamente, como la modernización de los procesos judiciales mediante la implementación de medios electrónicos, lo que facilitaría la agilización de trámites y mejoraría la accesibilidad del procedimiento. Asimismo, plantea consolidar el precedente judicial para lograr una mayor uniformidad en las resoluciones de los tribunales y ofrecer más certidumbre jurídica.
No obstante, expertos en la materia señalan que los potenciales perjuicios superan a las ventajas. Leonardo Abarca Jiménez, socio director de Grupo UNO Abogados, destacó que la iniciativa propone limitar las suspensiones de actos y normas cuando se alegue el “interés general”. Esta modificación implicaría que, en numerosos casos, las personas no podrían paralizar los efectos de una ley o acto de autoridad durante la tramitación del juicio, lo que menoscabaría la protección inmediata de los derechos humanos.
Otro aspecto preocupante es la reducción propuesta para los efectos colectivos de las sentencias de amparo. Bajo el marco vigente, una resolución puede extenderse para beneficiar a grupos más amplios cuando se trate de violaciones que afecten a múltiples personas. La reforma pretende circunscribir este alcance, lo que mermaría su eficacia como instrumento de control constitucional.
La iniciativa también introduce formalismos más estrictos que podrían obstaculizar el acceso a la justicia. Se contemplan mayores cargas procesales, restricciones para ampliar demandas y limitaciones específicas en casos de índole fiscal o vinculados a la Unidad de Inteligencia Financiera. Abarca advirtió que estas medidas podrían incluso impactar principios fundamentales como la presunción de inocencia.
Aunque se reconoce el intento de actualizar la Ley de Amparo y robustecer la legitimación colectiva, existe preocupación porque la iniciativa incorpora disposiciones regresivas que contravienen la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México.
Es crucial subrayar que esta ley podría ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad o declarada inaplicable si los jueces, al ejercer el control de convencionalidad, determinan que no se atendieron estas advertencias críticas durante su aprobación.
Por estas razones, Abarca exhorta al Congreso a examinar con responsabilidad estos aspectos, promover espacios de parlamento abierto y considerar las opiniones de especialistas antes de avalar una reforma que, en su redacción actual, representaría un retroceso en la protección de los ciudadanos.
