García Harfuch confirma que Rocha Moya está en Sinaloa; solo tiene escolta estatal

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar Hamid García Harfuch, confirmó el 20 de mayo de 2026 que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en esa entidad y cuenta únicamente con protección de la Policía Estatal, sin escolta del Gobierno Federal.

“El gobernador está en Sinaloa. No ha sido reservada su ubicación, hasta el momento está ahí en su estado”, señaló García Harfuch durante una conferencia de prensa. El funcionario precisó que la escolta corre a cargo del gobierno estatal y que Rocha Moya no cuenta con protección federal.

La declaración contrasta con la postura de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien el 19 de mayo eludió responder sobre el paradero del mandatario sinaloense con la frase “¿Yo por qué?”. Al insistir los periodistas, la secretaria fue categórica: “Yo no estoy haciendo ningún llamado de nada”, señaló Rodríguez Velázquez.

Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la postura del Gobierno de México de exigir evidencias a Estados Unidos antes de actuar contra Rocha Moya y los demás nueve funcionarios señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “Es lo mismo que hace Estados Unidos, cuando nosotros le pedimos una orden de extradición: ‘preséntanos pruebas'”, declaró la mandataria nacional.

También el 20 de mayo, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, respaldó públicamente a las Fuerzas Armadas durante la toma de protesta del nuevo comandante de la Novena Zona Militar, el general de brigada Julio César Islas Sánchez, en el Cuartel Militar de Culiacán. “Siempre el Ejército se ha dirigido en nuestro estado y en nuestro país de una manera honesta”, afirmó la mandataria interina.

La designación de Islas Sánchez fue firmada el 16 de mayo por la presidenta Sheinbaum Pardo. Originario de Hermosillo, Sonora, el militar acumula más de cuatro décadas de servicio y cuenta con experiencia diplomática como agregado militar adjunto en la Embajada de México en Washington D.C.

El 18 de mayo, Sheinbaum Pardo confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó de manera preventiva las cuentas bancarias de Rocha Moya, aunque rechazó que la dependencia lo esté investigando formalmente. Los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con instituciones financieras de Estados Unidos, activaron alertas automáticas sobre clientes considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que derivó en la actuación de la UIF. Según información del sector bancario, el congelamiento se habría ejecutado desde el seis de mayo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió ese mismo día el Comunicado No. 39, en el que precisó que las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas tienen carácter estrictamente preventivo y no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna.

La presidenta también descartó que la entrega voluntaria a autoridades de Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, y de Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de ese estado, represente algún riesgo para México. “Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo, ninguno”, afirmó Sheinbaum Pardo. Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense el 11 de mayo desde Hermosillo y fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Díaz Vega se entregó el 15 del mismo mes.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó el 18 de mayo que Sarah Rebecca Krissoff, exfiscal adjunta federal especializada en fraude financiero y crimen organizado, asumirá la representación legal de Mérida Sánchez. El exfuncionario optó por no contratar abogado privado, por lo que el tribunal le asignó a Krissoff, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. La próxima audiencia quedó programada para el uno de junio de 2026. Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Mérida Sánchez recibió sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales del cártel de Los Chapitos a cambio de información sobre operativos contra narcolaboratorios.

El senador por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez, también señalado por el DOJ, rompió el diez de mayo un periodo de silencio en redes sociales con una fotografía en Instagram junto a su madre en Batequitas, municipio de Badiraguato, Sinaloa. Fue su primera aparición digital desde el seis de mayo, cuando anunció que no se presentaría a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El legislador acumula al menos ocho días refugiado en Badiraguato, municipio de origen de figuras históricas del crimen organizado y tierra natal del propio Rocha Moya.

El nueve de mayo, una vivienda propiedad de Rocha Moya fue atacada a balazos e incendiada en la colonia Las Quintas de Culiacán. La agresión ocurrió alrededor de las 11:00 horas en el inmueble ubicado sobre la calle Lago de Cuitzeo, que se encontraba deshabitado. Tras los disparos, los agresores ingresaron a la propiedad y provocaron un incendio antes de darse a la fuga. La propiedad fue adquirida por Rocha Moya en 1984 y cobró notoriedad durante la campaña electoral de 2021 al revelarse que no figuraba en sus declaraciones patrimoniales.

La organización civil Defensorxs presentó el siete de mayo una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 55 políticos por su presunta participación en la operación electoral del Cártel de Sinaloa en los comicios estatales de 2021. Entre los señalados figuran el exgobernador y actual embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, así como 17 exalcaldes de Morena, diputados locales, federales y funcionarios estatales. Ese mismo día, un grupo no identificado retiró por la fuerza en el Zócalo de la Ciudad de México una lona del colectivo Mexicanos al Grito de Paz que exigía a Sheinbaum Pardo no proteger a Rocha Moya.

El cuatro de mayo, García Harfuch aseguró desde la Novena Zona Militar de Culiacán que el Gabinete de Seguridad nunca contó con indicios que vincularan a Rocha Moya con el cártel de Los Chapitos. “Nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Gobierno del Estado para continuar o realizar las operaciones”, afirmó el titular de la SSPC. Ese mismo día, la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que la FGR concluyó que la petición estadounidense de detención provisional no acredita los elementos necesarios para proceder.

El origen del caso se remonta al 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios ante la jueza federal Katherine Polk Failla. La acusación señala al mandatario sinaloense de haber sostenido reuniones con líderes del Cártel de Sinaloa antes de los comicios de 2021 y de haber prometido designar funcionarios favorables a sus operaciones de narcotráfico a cambio de apoyo electoral. Los cargos incluyen conspiración para importar y distribuir fentanilo, heroína y cocaína; posesión de armamento de grado militar; y corrupción institucional. Las penas contempladas van de 50 años de prisión a cadena perpetua.

Rocha Moya solicitó licencia temporal el uno de mayo y el Congreso estatal la aprobó con 38 votos a favor, lo que llevó a Bonilla Valverde a asumir como la primera gobernadora interina en la historia de Sinaloa. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió el cinco de mayo una nota diplomática al DOJ para solicitar las evidencias que respalden los cargos, al considerar que la solicitud original no contaba con el sustento probatorio exigido por el marco jurídico bilateral.