Niña de 9 años sufre nueva victimización en tribunales familiares: denuncia colectivo

Una niña de 9 años, identificada como Arantza, experimentó un nuevo episodio de victimización el lunes 28 de julio durante una entrevista en los Juzgados Civiles y Familiares. El procedimiento, realizado por un actuario, buscaba determinar si la menor deseaba convivir con sus padres. Su padre es señalado como presunto responsable de abuso sexual en su contra, según informó el Colectivo CESODI el pasado 4 de agosto.

Marlene Padilla Rubio, madre de la niña, detalló que el actuario, Oscar Ledezma, llegó sin identificarse y mostró una actitud arrogante. Además, le presentó un expediente desconocido para ella y le amenazó: “si no tomas la hoja te las voy a aventar”. Esta actitud fue respaldada por la abogada de la otra parte, quien se refirió a Padilla como “la loca”.

Durante la entrevista, la niña quedó sola en la sala y, según su madre, tuvieron que salir “como delincuentes” porque la menor temía que el actuario la obligara a firmar algo bajo presión y la devolviera con su padre.

“No es justo que mi hija haya salido asustada y con sangrado nasal por el miedo a que su padre la llevara”, expresó Padilla.

Los presuntos abusos comenzaron en 2018, cuando Padilla solicitó el divorcio para escapar de la violencia. “Él me amenazó con herirme donde más me duele. Nunca imaginé que haría daño a su propia hija”, relató.

Según los reportes, la niña habría sufrido abuso sexual desde los 3 años, presuntamente por su padre. Aunque se presentaron cargos ante la Fiscalía General del Estado por pederastia, el acusado quedó en libertad tras pagar una fianza.

En 2022, el padre habría secuestrado a la menor y la llevó a Estados Unidos, donde vivió con su nueva pareja, Kimberly. Durante ese tiempo, según Padilla, la niña continuó sufriendo abusos mientras se aprovechaban de un beneficio económico para niños con autismo.

“Actualmente busco cambiar la custodia, ya que el acuerdo judicial aún le otorga derechos de patria potestad”, explicó Padilla.

Existen tres denuncias penales: dos archivadas y una en espera de resolución del Tribunal Superior. Además, hay expedientes por pederastia, sustracción de menor y amenazas. Padilla tiene una orden de restricción que le impide incluso mencionar públicamente el nombre del presunto agresor.

“Quiero justicia para que mi hija deje de vivir con miedo mientras su agresor sigue libre”, exigió.

Samantha Sesma, cofundadora del Colectivo CESODI, anunció que presentarán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos debido a las omisiones en las investigaciones y la falta de protección a la menor.

“Señalaremos a todos los involucrados, incluidos actuarios, jueces y secretarios. No guardaremos silencio”, concluyó Sesma.