Reforma necesaria en la selección de candidatos judiciales ante próximas elecciones: Ingrid Tapia

La aspirante a ministra de la Corte, Ingrid Tapia, destacó la necesidad de optimizar el proceso de selección de candidatos para cargos en el Poder Judicial, con el fin de evitar que perfiles cuestionados por posibles vínculos ilícitos o bajo rendimiento académico participen en las contiendas.

“Es urgente mejorar este sistema de selección, especialmente ante las próximas elecciones en 2027, donde se renovará el Tribunal Federal Electoral y la Sala Superior. No podemos permitir que personas con antecedentes dudosos o bajo desempeño académico sigan siendo consideradas”, expresó este martes 6 de mayo en Tijuana.

Tapia señaló que la responsabilidad de incluir a candidatos con posibles nexos delictivos o promedios académicos inferiores a 8 en Derecho no recae únicamente en los Comités de Evaluación que los avalaron.

“Investigar a fondo a los candidatos es un desafío, ya que se requiere acceso a información confidencial, como estados de cuenta o historiales de clientes, algo complicado sin herramientas adecuadas y en un contexto donde el INAI ya no está operativo”, explicó en entrevista con TJ News.

“Con plazos tan ajustados y comités pequeños, es casi imposible evaluar correctamente a miles de aspirantes para reducir la lista a solo 64 candidatos”, añadió.

Por ello, abogó por revisar el diseño normativo de la reforma al Poder Judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaba la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

“Es crucial que los legisladores y la próxima Corte analicen este modelo, independientemente del partido en el poder, para garantizar su efectividad”, reiteró.

Recientemente, líderes del Senado y la Cámara de Diputados solicitaron al INE cancelar 26 candidaturas por presuntos vínculos con la delincuencia o promedios académicos insuficientes, según lo establecido en la Reforma Judicial.

Tapia anticipó que estas candidaturas probablemente seguirán en el proceso electoral, a menos que se actúe desde otras vías legales.

“Si no hay requisitos claros que impidan la participación de personas con antecedentes o conductas inapropiadas, retirar una candidatura sin violar derechos electorales es complicado”, concluyó.